El Proceso Arbitral en
Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=hKywpPEbAuc
LEY 1563 DE 2012
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional
y se dictan otras disposiciones”.
Ley que rige desde Octubre 12 de 2012, situa a colombia en uno de los paises desarrollados en este tema. Esta ley siguió la Ley Modelo de Uncitral, lo cual se considera deseable
en este ámbito, acogió disposiciones que provienen de otras
legislaciones consideradas ‘de avanzada’, como la peruana y la suiza.
Entre las normas contenidas esta el arbitraje internacional, que es cuando por suceden cualquiera de los siguientes pasos:
a)Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes
b) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el sitio con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios y
c) la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional”.
La nueva ley establece un claro límite a la injerencia de las autoridades judiciales en los trámites arbitrales, disposición muy importante para mantener la independencia de la actuación de los Tribunales de Arbitramento. (Mürrle, 2015).
Ampliar información en: http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/nueva-ley-arbitraje-oportunidad-colombia-113378
Entre las normas contenidas esta el arbitraje internacional, que es cuando por suceden cualquiera de los siguientes pasos:
a)Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes
b) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el sitio con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios y
c) la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional”.
La nueva ley establece un claro límite a la injerencia de las autoridades judiciales en los trámites arbitrales, disposición muy importante para mantener la independencia de la actuación de los Tribunales de Arbitramento. (Mürrle, 2015).
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